Ante la decisión del Consejo de Estado de declarar nulo el cobro de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca que estaba establecido en la derogada Ordenanza Departamental 425 de 2016, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, precisó que esta contribución está viva y continúa vigente. La sentencia no afecta el recaudo actual de la tasa, ya que se fundamenta en un régimen jurídico distinto.
“Es muy claro que fue la primera tasa de seguridad que se aprobó por la Asamblea en el 2016, que fue demandada y solamente hasta ahora sale el veredicto del Consejo de Estado, pero esa ordenanza fue actualizada en el 2024 con una nueva ordenanza que lo que hace es basarse en una ley que había sido aprobada en el 2022, donde les da la posibilidad a los departamentos de generar este tipo de tasas. Así que no hay ningún problema con la tasa, se va a seguir cobrando y es completamente legal”, explicó la mandataria.
Esto indica que el fallo no corresponde al recaudo actual de la tasa de seguridad en el departamento que se basa en la Ordenanza Departamental 692 de 2025 y la Ley 2272 de 2022. La norma anulada de 2016 ya había sido derogada y reemplazada por ordenanzas posteriores, de modo que su invalidez judicial no incide en la vigencia de la ordenanza hoy aplicable.
La Ordenanza 692 de 2025 aprobada por la Asamblea del Valle cumple plenamente el principio de legalidad tributaria.
Cabe recordar que la Corte Constitucional avaló la ley habilitante, lo que permite continuar el recaudo, que el Gobierno departamental destina a garantizar recursos para la operatividad de la Fuerza Pública y generar estrategias que contribuyan a la seguridad en el departamento, que representa uno de los grandes desafíos que tiene la región en la actualidad.