La Fundación Murú y otras seis asociaciones de víctimas le entregaron a la Comisión de la Verdad, este en el día de ayer 1 de diciembre de 2020, el informe “Construyendo verdad desde las víctimas para la paz y la reconciliación en dos municipios del departamento de Nariño”, en el que se revelan más de 5.500 casos de desaparición forzada en dos municipios de este departamento.
Según el documento, realizado con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), existe una relación cercana entre los casos de desaparición forzada a causa del conflicto armado y el “abandono estatal, los cultivos ilícitos y el narcotráfico”, señaló la ONG, Codhes en un comunicado.
Este informe reúne los hallazgos de una investigación sobre este crimen de lesa humanidad en los municipios de Cumbal al sur del departamento, y la capital, Pasto, entro los años 1998 y 2016.
El departamento fronterizo de Nariño es uno de los más golpeados por el conflicto interno, que según datos de la Unidad para las Víctimas, se registran 5.533 victimas de desaparición forzada de las cuales 1.476 son víctimas directas y 4.057 indirectas.
A su vez, el documento evidencia en uno de los descubrimientos producto de la investigación, que la mayoría de las víctimas de desaparición “han estado en contextos vulnerables por búsqueda de oportunidades laborales”, explicó Codhes en dicho comunicado.
De igual forma, el informe evidencia que este crimen se concentró en la región central, que corresponde al oriente de la cordillera de los Andes y el piedemonte costero.
“Entre otros hallazgos, el Informe muestra que las desapariciones realizadas por los paramilitares en Nariño están asociadas principalmente a problemas surgidos alrededor del tráfico de narcóticos, en las modalidades de disputa de rutas o ajustes de cuentas o para asegurar o encubrir el despojo de tierras. En estos casos las víctimas han sido principalmente campesinos pobres y altamente vulnerables, hombres entre los 15 y los 35 años”, aseguró la ONG.
Ejecutados por la guerrilla de las Farc tuvieron una relación directa con el reclutamiento forzado, que afectó especialmente a jóvenes de la región, así como el secuestro de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
“Muchos familiares desaparecidos se encontraban ejerciendo una labor pública institucional relacionada con el Estado en el momento de la desaparición algunos eran soldados (la mayoría prestando servicio militar obligatorio), policías, concejales, miembros del gobierno propio en la comunidad indígena, integrantes del DAS o Fiscalía, entre otros”, puntualizó la ONG.
Finalmente, el Informe reconoce el incansable liderazgo de los familiares en la búsqueda no sólo de sus seres queridos, sino también de todas y todos los desaparecidos en la región a pesar de las dificultades y obstáculos que afrontan para conseguir la verdad y la no continuidad y no repetición de los hechos.
El informe fue presentado por la Fundación Murú y otras seis asociaciones de víctimas con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).