El día de ayer miércoles, Juan Carlos Granados Becerra fue elegido en el Congreso como miembro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero se conoció que será acusado este lunes por el caso de Odebrecht, en la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Iván Duque ternó a Juan Carlos Granados Becerra para que integrara la comisión, sin importar los cuestionamientos en contra de Becerra. En 2018, la Fiscalía General de la Nación, según recoge El Tiempo, imputó cargos por supuestamente beneficiar a Odebrecht durante su paso por la Gobernación de Boyacá, entre 2012 y 2015.
A pesar de los señalamientos, Granados pudo ser contralor de Bogotá cuando se realizó la votación. Luego de la imputación de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá, el juicio pasó a la Sala Especial de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el diario capitalino, Granados asistirá el lunes para responder por la acusación en su contra en el alto tribunal, citación que se hizo el pasado 20 de agosto.
La audiencia se llevará a cabo a las 8:30 a.m. y será el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas el encargado del proceso. Granados empezará el próximo 11 de enero su periodo de 8 años como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial.
Granados jamás ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía y por el contrario, sostiene su inocencia. Pero de acuerdo con la Fiscalía, cuando era gobernador de Boyacá recibió dinero de la empresa de Brasil para adjudicar la vía Duitama-Charalá-San Gil.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría han solicitado en varias ocasiones medida de aseguramiento en contra de Granados, pero el Tribunal Superior de Bogotá se negó a imponer esa detención. El exgobernador de Boyacá aceptó conocer a Luiz Bueno y Eleuberto Martoreli, importantes directivos de Odebrecht, pero sostuvo que lo hizo cuando era gobernador y no como candidato. Siempre ha negado haber recibido dineros para beneficiar la empresa bresileña.
Además, la Fiscalía imputó a Granados los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.
El ente acusador dice que el exgobernador habría recibido entre el 3 y el 5% del valor total de la obra. En el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de $200 millones, que se habría usado para financiar la campaña de Granados para lograr su elección como gobernador.
