Foto cortesía Federación Colombiana de Karata-Do
Los karatecas colombianos de las categorías sub 14, cadetes, junior y sub 21 tienen una destacada participación cosechando, hasta el momento, un total de 22 medallas: seis de oro, seis de plata y 10 de bronce, en el Centroamericano y del Caribe de Karate Do en Managua, Nicaragua.
Colombia obtuvo medallas plata y bronce en el Campeonato Panamericano de Billar que se realizó en Managua, Nicaragua, con los representantes del Valle del Cauca José Wilber Perea Mosquera quien logró medalla de bronce en la categoría individual bola 10 y plata en equipos bola 10 con Jorge Andrés Arcos.
En la madrugada de este jueves 21 de abril, el equipo de defensa jurídico de Colombia se pronunció sobre la decisión y el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda que había interpuesto Nicaragua a Colombia por la supuesta violación de la soberanía marítima, Carlos Gustavo Arrieta, agente colombiana ante la CIJ, aseguró que el fallo es positivo para el país y explicó algunos puntos por los cuales puede estar tranquilo ya que se reconocieron muchos derechos
Declaraciones en video del agente Carlos Gustavo Arrieta a la salida de la Corte Internacional de Justicia
La estrategia jurídica de Colombia ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy define aspectos de gran importancia que convalidan la defensa, según lo expresó el presidente de la República :
«En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejercer el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza, como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó el 17 de marzo de 2016.
La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy.
En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, y todas las islas que lo conforman, se mantiene. La Zona Contigua que Colombia estableció en el Archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional.
Además, la Corte aceptó que la Zona Contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico.
En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que, además, están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva colombiana, tal y como lo han venido haciendo históricamente.
En cuarto lugar, la Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte censuró que Nicaragua pretendiera con ese decreto apropiarse de aguas que no le pertenecen. Y resaltó que dicho decreto violaba los derechos y libertades de nuestro país. La contrademanda de Colombia en contra de Nicaragua fue acogida por la Corte.
En quinto lugar, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado, aprobado por el Congreso no ha sido cuestionado por la Corte, a pesar de la insistencia de Nicaragua.
La Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto hasta que Colombia garantizara el cumplimiento del fallo de 2012″.dijo Duque
El 26 de noviembre de 2013 Nicaragua acusó al Estado Colombiano de incumplir la sentencia que había proferido La Haya en 2012, en la que se fijaron nuevos límites marítimos entre ambas naciones.
Según dijo el gobierno de Daniel Ortega, Colombia violó su soberanía al sostener operaciones con la Armada Nacional en su zona del Mar Caribe y posteriormente, expedir un decreto en el que estableció control de seguridad a 24 millas naúticas de San Andrés.
Con esta demanda, Nicaragua quería que se reconociera la violación a su soberanía y se le recompensara económicamente. Una vez conocida la demanda, los defensores del Estado colombiano contrademandaron en dos ocasiones.
Sin embargo, Carlos Gustavo Arrieta, líder del equipo jurídico de Colombia en el pleito, destacó hoy que la Corte le dio la razón a Colombia en sus argumentos más importantes. En primer lugar, subrayó que el tribunal internacional no dijo que el país haya incumplido el fallo de 2012, lo que calificó como un “éxito” para el país.
Desde La Haya los jueces internacionales determinaron que Colombia debe “cesar inmediatamente” las interferencias en aguas del mar Caribe que ese tribunal reconoce como pertenecientes a la zona económica exclusiva de Nicaragua.
Por 10 votos contra 5 los jueces de la CIJ consideraron que Colombia “ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua”, y por 9 votos contra 6 señalaron que Colombia “debe cesar inmediatamente esa conducta”.
“Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”, consideró la corte internacional.
El tribunal reconoció que todas las islas y cayos colombianos en el Caribe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas náuticas más allá de las 12 millas del mar territorial, lo que permitirá, a juicio del equipo jurídico, reintegrar el Archipiélago.
Desde San Andrés, donde escuchó la lectura del fallo, el presidente Iván Duque aseguró: “Escuchamos el fallo de la @CIJ_ICJ sobre el litigio limítrofe con Nicaragua. Reiteramos que en la defensa de los intereses de nuestro país no hay colores políticos ni partidistas, aquí todos somos Colombia.
Colombia ha defendido política de Estado
La defensa de Colombia se ha estructurado como una política de Estado. Desde la primera de las demandas interpuesta por Nicaragua en 2001, hasta la fecha, cuatro gobiernos sucesivos hemos asumido con responsabilidad patriótica y apego a la Constitución la tarea de defender los intereses nacionales, nuestros derechos y nuestra soberanía.
Las pretensiones iniciales de Nicaragua eran exorbitantes. Dicho país pretendió que se declarara que las islas del Archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no pertenecían a Colombia. De igual manera, pretendió que se declarara que el tratado Esguerra-Bárcenas era inválido.
En el fallo de 2012, la Corte ratificó lo que había dicho en su decisión de excepciones preliminares en 2007: las islas y los cayos del Archipiélago pertenecen a Colombia. Así mismo, estableció la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, pero consideró que dicho tratado no implicaba una delimitación marítima. Por esa razón la Corte delimitó las Zonas Económicas Exclusivas entre Nicaragua y las islas colombianas.
En noviembre de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. Ello significa que la Corte Internacional de Justicia no puede conocer de nuevas demandas contra Colombia a partir del 26 de noviembre de 2013. Fue precisamente antes de esa fecha que Nicaragua demandó nuevamente, iniciando el proceso decidido por la Corte.
Colombia ha promovido las vías diplomáticas
En ejercicio de su soberanía, Colombia inició conversaciones con Nicaragua desde diciembre de 2012 con el objetivo de buscar una alternativa no litigiosa y en consonancia con el derecho internacional. Estas avanzaron en su momento, hasta que Nicaragua cerró la puerta en 2014. Desde mucho antes, Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas.
En todas estas ocasiones Nicaragua, antes y después del fallo de 2012, no ha permitido avance alguno en esa dirección.
A Colombia, como a cualquier nación democrática, le preocupa también cómo el gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura, que desconoce los derechos fundamentales de la oposición, la prensa libre, la iniciativa privada y las libertades ciudadanas. En una dictadura no hay respeto al Estado de derecho ni a los pilares democráticos.
En las ocasiones en que Colombia procuró una aproximación para resolver estos litigios mediante un acuerdo directo, el gobierno de Nicaragua cerró la puerta. Hoy el ánimo litigioso de dicho país es una práctica recurrente que también se ha puesto en evidencia con otros Estados de la región.
Defensa del pueblo raizal
Desde el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, de este Archipiélago histórico e indivisible, el Gobierno Nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra Nación. El pueblo raizal ha sido un actor fundamental en la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Su participación en la estrategia jurídica, así como en las audiencias de La Haya, es una voz clara y contundente para el reconocimiento de los derechos ancestrales de pesca. Pero también para recordarnos el valor de una nación multicultural y vibrante, que convive bajo este hermoso territorio.
Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Así mismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área.
Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago, histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, así como defender de manera irrestricta y permanente a su población. También lo es defender los más altos intereses de Colombia en el Mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no hay, no puede haber, titubeos ni ambigüedades. La decisión de mi gobierno es cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con determinación y patriotismo. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios.
Unidad para defender la integridad
Todos los colombianos tenemos que estar unidos en esta causa. La defensa de la integridad nacional y de nuestros límites no puede obedecer a banderas políticas o ideológicas. Es un mandato constitucional.
Y desde este territorio, acompañado por el Gobernador de este Archipiélago, por el Alcalde de Providencia y Santa Catalina, por la comunidad raizal, por los altos funcionarios del Gobierno, por la cúpula militar, enviamos este mensaje a nuestra Nación:
Hoy estamos más unidos que nunca para defender esta integridad de nuestro territorio, para defender al pueblo raizal y para mantener claro este principio de que este Archipiélago es histórico e indivisible.
Muchísimas gracias.” complementó el mandatario
