Ante la jurisdicción contenciosa administrativa, fue interpuesta por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, una Acción Popular con la que se busca garantizar el derecho a la salud de los vallecaucanos ante la crisis humanitaria que vive el departamento y que se agudiza por la falta de pago a la red pública y privada por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional. Esto ha generado el cierre de 2.000 servicios, la pérdida de 2.400 empleos y un colapso por sobreocupación en la prestación de servicios y en el suministro de medicamentos.