Las sospechas de que recibió sobornos para adjudicar obras públicas en la región Moquegua, de la que fue gobernador hace seis años, terminaron con la Presidencia del Perú de Martín Vizcarra, el mismo gobernante que cerró el Congreso y que emprendió una dura lucha frontal contra la corrupción en el país.
Asumió al cargo en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cerró el Congreso en 2019 amparado por la Constitución y en el contexto de su lucha frontal contra la corrupción y debía preparar una transición para el siguiente gobierno que lo sucedería en 2021 en plena pandemia de la covid-19.
Fue acusado de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht.
En enero de este año, las nuevas elecciones al Congreso dejaron un parlamento muy dividido, en donde no contó con ningún sector oficialista , quien se convirtió en su enemigo. Unido a esta situación con la pandemia, el país alcanzó la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19.
Además con el nuevo congreso y conflictos políticos, en septiembre llegaba un primer pedido de destitución por la contratación irregular del cantante Richard «Swing» Cisneros, a quien conoció en la campaña electoral de 2016. En el Estado quedó que el mandatario había mentido a la opinión pública al haber negado una relación que luego resultó cada vez más evidente, y demostrada en los audios que su ex secretaria de Palacio Karem Roca.
Se salvó de la destitución, tras conocer que el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, había tenido encuentros con los jefes de las fuerzas armadas con la supuesta intención de un complot en su contra. Merino sería el encargado constitucional de suceder a Vizcarra.
Como defensa en las últimas semanas, el mandatario esgrimió que una bancada radical en el Parlamento, dirigida desde prisión por el exmilitar golpista y sentenciado por homicidio Antauro Humala, es la que buscaba su caída.
Vizcarra insistió este lunes en esas tesis, al defenderse del segundo pedido de destitución que se basa en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía aún no corroboradas.
En su defensa, el ahora exmandatario señaló que hay 68 congresistas (de un total de 130 legisladores) investigados actualmente por el Ministerio Público y que tienen «intereses personales» en que se le destituya del cargo, presumiblemente para mantener privilegios y no ser juzgados.
No sirvió que categórica y repetidamente negara cualquier hecho de corrupción y pidiera que se le investigue conforme a ley cuando en julio de 2021 tuviera que dejar la presidencia.
Vizcarra, que estuvo vinculado al negocio de la metalmecánica en su natal Moquegua antes de su vida política, fue investigado por la Fiscalía por los presuntos sobornos durante su gestión regional, precisamente por la misma obra pública por la que ahora le acusan de haber recibido sobornos, una investigación que fue archivada.
Con las revelaciones que terminaron en su destitución, la fiscalía volvió a reabrir el caso, que se une a otra más que se iba a extender hasta el final de su periodo en la presidencia, por las denuncias del caso «Swing» en vista a que existe mérito para investigarlo por un presunto tráfico de influencias.
En forma paralela, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas al estar comprometidas en el «club de la construcción», un grupo de compañías que se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Paradójicamente, Vizcarra alcanzó la notoriedad a nivel nacional después de una llamativa gestión en la región de Moquegua, donde logró los indicadores más altos en desarrollo social, especialmente en educación escolar, y el mejor índice de desarrollo humano.
Por estos resultados, Vizcarra había recibido en 2015 las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta (maestro), la máxima condecoración oficial para un docente peruano.
Y como presidente, se ganó una amplísima popularidad por su confrontación directa con los elementos del Congreso que se oponían a sus planes contra la corrupción.
Ahora, Vizcarra perderá la inmunidad presidencial y podrá ser investigado sin impedimentos, para ser así condenado o no por la vía legal, tras haber sido ya condenado por la vía política.