La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó en un informe que compartieron a medios de comunicación que en solo 10 meses de 2020 se evidenciaron casi 411 hechos de violencia contra líderes políticos , sociales y comunales en el país.
Según la organización, a pesar de que la pandemia impedía que los ciudadanos pudieran salir de sus casas, hubo un número de asesinatos muy alto. Además, confirmaron que, luego de que se levantó el confinamiento, el número de muertes aumentó significativamente.
En total, 86 funcionarios fueron víctimas de hechos de violencia: un gobernador, 18 alcaldes, 59 concejales, tres diputados, y cinco ediles. Según la investigación, estas agresiones las hacen para evitar que se siga filtrando información en contra de grupos ilegales, parar evitar el progreso de las sociedades de los diferentes departamentos y ejercer presión contra los Gobiernos locales y el Gobierno Nacional.
“El fenómeno de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales se concentra en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena. Por su parte, de los 137 asesinatos ocurridos en el periodo analizado, el 62 % se perpetraron en zonas PDET, priorizadas por el Gobierno Nacional”, dice textualmente el informe
Por su parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló que una de las regiones donde existe más preocupación de que se sigan presentando asesinatos a líderes sociales es Nariño, pues en este lugar se ha aumentado gradualmente el narcotráfico y la disputa de territorios por parte de grupos armados ilegales.
Además, el informe muestra que no solo hay violencia contra líderes, la población en general del departamento ha sufrido por las agresiones de estos delincuentes y se ha registrado que jóvenes de grupos indígenas han quedado en medio de las diferentes disputas.
Según las cifras del informe, los líderes sociales son quienes más vulneraciones han sufrido, el 54,2 % de los hechos han sido contra ellos. Uno de cada dos agredidos entre junio y octubre fue un líder social, además el 63,5 % de las agresiones en su contra fueron asesinatos.
Según Alejandra Barrios, “existen grandes diferencias entre los tipos de agresiones a los diferentes líderes. Mientras con los líderes políticos la tendencia es a disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas, en el caso de los líderes sociales y comunales, en la medida que en escenarios de apropiación del territorio por las comunidades que allí habitan no es fácil de destruir con una amenaza, los actores que ejercen esta violencia buscan silenciar las voces como primera opción”, comentó la MOE a través de un comunicado de prensa.
Por otro lado, 96 agresiones de las 411 registradas corresponden a violencia contra lideresas sociales, quienes sufrieron el 63.5% de las afectaciones. El tipo de violencia más recurrente que se ejerce contra lideresas son las amenazas y la persuasión para que abandonen territorios. En cuanto a la violencia contra líderes afro e indígenas, esta representa el 16% de los hechos registrados.
El informe deja claro que de 164 municipios donde se han presentado hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del años, el 55% de ellos que son en total el 91% de ellos, hay presencia de al menos un grupo armado ilegal y hay peleas por territorios, venta de drogas y reclutamiento de jóvenes para bandas ilegales.