Santiago de Cali, ha sido seleccionada por el presidente Gustavo Petro, como la ciudad anfitriona de la COP16 de Biodiversidad, el evento más importante a nivel internacional que se haya realizado en el país.
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La Sucursal del Cielo recibirá este sábado una delegación de la ONU, la Cancillería, el Ministerio del Medio Ambiente y protocolo para verificar las capacidades que tiene Cali y el Valle del Cauca para ser sede de la COP16, como es la propuesta que ha hecho la Gobernación del Valle, en alianza con la Alcaldía de Cali y el sector privado.
Comprometida con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas con el uso de productos naturales, Natalia Osorio Correa es una convencida de que a través de la eco innovación se puede generar empleo y aportar el desarrollo sostenible del país.
Las mujeres colombianas continúan destacándose a nivel internacional por sus resaltables proyectos de innovación, demostrando cada vez más el talento, la inteligencia y el poder femenino con el que cuenta el país. Esta es la historia de la caleña Natalia Osorio Correa, ingeniera química de la Universidad de Los Andes, especialista en química cosmética.
Recientemente, Naturesse, el emprendimiento de Natalia, logró ser reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como referente mundial eco innovador. Entre seis pequeños empresarios internacionales, esta caleña es la única latinoamericana escogida para hacer parte del UNEP (United Nations Environmental Program) de la ONU, por su proyecto que busca brindar bienestar a través de productos para el cuidado personal, con ingredientes de origen natural y responsables con el medio ambiente que potencian el diario vivir de las personas.
En medio de un partido de fútbol, una olla comunitaria y actividades culturales que identifican al oriente de la ciudad, la Administración Distrital avanza a través del diálogo para desbloquear la situación de orden público que se vive en la capital vallecaucana.
Colombia fue seleccionada por el Fondo Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la creación de políticas, programas y servicios inclusivos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad en el país.
Gracias a esta propuesta exitosa, se obtendrán recursos por un total de USD 400 mil dólares (cerca de mil 400 millones de pesos) para la implementación de un proyecto cuyo objetivo es acelerar la implementación de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la implementación inclusiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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En las últimas décadas Colombia ha alcanzado importantes conquistas en relación a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, si bien aún hay brechas relevantes por reducir.
Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, y ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Algunos ejemplos son los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género, así como la Ley 1257 «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres», de 2008 y la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014, entre otras.
Si bien estas normas proporcionan un marco sólido para avanzar en derechos de las mujeres, siguen existiendo desafíos para su plena aplicación, como muestran los datos sobre las brechas de género.
Colombia está mostrando señales importantes de crecimiento económico como una oportunidad para el progreso social, así como los avances en los indicadores de desarrollo humano. Pero todavía hay brechas de género, en particular en las esferas política y económica.
En cuanto a los indicadores relacionados con el género, la participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años.
Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10% de alcaldesas y el 9% de gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad.
En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su participación en el mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada.
En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002).
En educación, se ha logrado un gran progreso. Mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran en el mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de informalidad.
Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía hay 500 mujeres que mueren cada año a causa del embarazo y del parto.
Se han promulgado numerosas leyes nacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, como la Ley 1257 de 2008.
No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas por esta forma de violencia.
La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos en tal contexto los experimentan mujeres de todas las edades.
Son víctimas de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados.
Datos oficiales indican que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de personas desplazadas). 15,8% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual.
Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres.
En Colombia se están llevando a cabo actualmente históricas conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Los Diálogos de Paz comenzaron en septiembre de 2012 en La Habana, Cuba, y han continuado hasta la fecha.
El proceso de paz y transición en Colombia es una oportunidad única para avanzar en la participación plena de las mujeres, así como a realizar esfuerzos adicionales para la igualdad de género. También es una oportunidad para abordar las causas estructurales de la desigualdad y promover un cambio sustantivo en los niveles normativo y de ejecución para la transformación social y la inclusión.
Fuente: ONU mujeres
