Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, la Cancillería informó que revocó las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General, las cuales, según se indicó, fueron emitidas por fuera de todo marco legal.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión adoptada se tomó “en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”.
