La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, puso en conocimiento del país la situación de extrema gravedad que encontró a su llegada al Ministerio el pasado 7 de agosto, así como las decisiones adoptadas para proteger los recursos de la salud.
La revisión exhaustiva de los compromisos y asignaciones recibidos de la anterior administración encendió todas las alarmas. Se recibió un Ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas: la Contraloría General de la República, en su auditoría de la vigencia 2025, emitió opinión contable negativa, halló deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta fiscal de la entidad.
A ello se sumó un volumen considerable de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones. En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de 4,4 billones de pesos: 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas 1,3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a 2,9 billones. Se inició además la revisión de 28 resoluciones, con 176 proyectos por más de 490 mil millones de pesos, de los cuales 108 —por unos 365.604 millones— seguían sin registro presupuestal, mientras que cerca del 83% de ese valor correspondía a obras de infraestructura.
Ante ese panorama, tres días después de asumir, el 10 de agosto de 2026, la ministra expidió una circular interna que suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación, los nuevos contratos y convenios, la suscripción de contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos existentes. Las excepciones indispensables quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho.
En medio de esta revisión se conocieron posibles hechos de corrupción asociados a este tipo de asignaciones que el Ministerio puso de inmediato en conocimiento de las autoridades.
El Ministerio es absolutamente claro: jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre. Quien haya utilizado su nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia.
El 5 de septiembre la ministra presentó personalmente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, por la posible comisión de delitos contra la administración pública, y entregó el audio para que las autoridades competentes determinen su autenticidad y valor probatorio.
Toda la información se cruzará con las resoluciones, los proyectos, sus beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales. La revisión administrativa continuará con independencia de la investigación penal.
Con información: Ministerio de Salud y Protección Social
